Derecho y Salud no van siempre de la mano

El blog de Carmen Rodrigo de Larrucea

Los datos de un menor en prensa

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babyHace unos días apareció publicada por La Vanguardia el miércoles 4 de julio, en la cual se pueden leer dos informes médicos completos extraídos de la historia clínica de un menor de 6 años, paciente al Hospital Materno – Infantil de San Juan de Dios.

De la documentación contenida en la noticia periodística se observa el nombre completo del menor, su edad, sus circunstancias familiares y sociales, todos los datos clínicos del diagnóstico, así como del tratamiento terapéutico del menor, el número de historia clínica y el nombre, apellidos y firma de los profesionales médicos que le han asistido en el centro hospitalario.

La información se ilustra incluso con fotografías del menor, en que se aprecia su rostro.

Bajo la opinión de expertos como José Javier Ordóñez y yo misma,  consideramos que el modo en que se han tratado periodísticamente y se han expuesto ante la opinión pública los datos personales relativos a la salud del menor en cuestión genera, cuando menos, serias dudas sobre su legalidad y su legitimidad ética.

¿Es ético publicar la historia clínica de un menor en la prensa? 

Si bien es cierto que el arte. 13 del Reglamento de Protección de Datos de Carácter Personal establece el consentimiento de los padres o tutores para el tratamiento, es decir la recogida y almacenamiento de datos personales de menores de 14 años, otra cosa muy diferente es la difusión pública en los medios y, eventualmente, en las redes sociales de datos personales relativos a la salud de un menor.

Los menores son un colectivo especialmente protegido por el Reglamento de Protección de Datos, en cuyo art. 74, que excluye del tratamiento general los datos de los menores de edad y los otorga una protección cualificada.

Este régimen es fiel traducción del principio de interés superior del menor, que es preeminente sobre otros principios o derechos. Veamos algunos ejemplos que ilustran la prevalencia del interés del menor sobre el derecho a difundir información.

El Acuerdo de 23 de julio de 2015, del Pleno del Tribunal Constitucional, por el cual se regula la exclusión de los datos de identidad personal en la publicación de las resoluciones jurisdiccionales, establece que “el Tribunal Constitucional en sus resoluciones judiciales preservará de oficio el anonimato de los menores” siempre y en todo caso.

La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, en su arte. 15 impone límites específicos al acceso a la información pública solicitada cuando se refiera a menores de edad.

La Ley Orgánica 2/2006, de Educación, en la disposición adicional 23a impone la confidencialidad absoluta y el deber de sigilo a los docentes y personal educativo sobre los datos del alumnado menor de edad.

La Ley General Tributaria, en su arte. 95, ordena que los datos personales con trascendencia tributaria de los menores de edad son reservadas y que no pueden ser cedidas.

Si en estos diferentes ámbitos del derecho los datos de los menores reciben una protección mucho más intensa que para el resto de datos, en el ámbito sanitario, el artículo 16 de la Ley 41/2002, de Autonomía del Paciente y Documentación Clínica regula los usos de la historia clínica de los menores.

Uso público de la historia clínica requiere anonimizar los datos

El uso que no sea personal del paciente y que pueda ser usado por terceros recibe una protección especial. En el uso público de la historia clínica, los datos tienen que ser anonimizados. El arte. 16.3 expresamente establece la obligación de anonimato de los accesos a la historia clínica incluso para finalidades judiciales, epidemiológicas, de salud pública, de investigación o de docencia. El acceso a la historia clínica con estas finalidades obliga a preservar los datos de identificación personal del paciente, separadas de las de carácter clínicoasistencial,  a fin de poder asegurar el anonimato.

Finalmente, tampoco parece inútil recordar que el arte. 18.3 de la mencionada Ley de Autonomía del Paciente exige que el derecho al acceso de los padres o tutores del paciente a la documentación de la historia clínica no puede ejercitarse en perjuicio del derecho del menor ni de terceras personas a la confidencialidad de los datos que constan, ni en perjuicio del derecho de los profesionales participantes en su elaboración. Por lo tanto, la publicación de los nombres y firmas de los facultativos intervinientes en la relación asistencial podría dañar también la intimidad de estos profesionales.

La publicación sin anonimizar vulnera el derecho a la intimidad

El consentimiento de los tutores del menor por la difusión de los datos de la historia clínica de su hijo tiene límites legales. La forma en que se ha presentado la noticia, al publicar fragmentos de la historia clínica sin anonimizar vulnera el derecho a la intimidad y a la propia imagen de un menor de edad. Son dudosos los supuestos beneficios que la publicación íntegra de los informes médicos puede significar. En cambio, nos parecen más previsibles los perjuicios a la intimidad y a la propia imagen del niño objeto de la noticia.

Comprendemos las duras situaciones de dolor y presión emocional a que las familias se pueden ver sometidas ante la enfermedad de un niño y la investigación de tratamientos y salidas para recuperar la salud de sus hijos.

Sin embargo, los profesionales del derecho sanitario debemos exigir el respeto riguroso de la legalidad sobre la protección de datos personales relativos a la salud de los menores de edad e invitar a los medios de comunicación, a los progenitores y a la sociedad en su conjunto a reflexionar sobre las consecuencias de conductas que pueden poner en riesgo los principios de que nos hemos rodeado legalmente para proteger los menores de edad, su intimidad, su imagen y por fin, su salud e integridad.

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